La Justicia de los Estados Unidos ha rechazado un pedido presentado por el Gobierno argentino para evitar la presentación de garantías en el juicio en curso en Nueva York por la nacionalización de YPF. La decisión, tomada por la jueza Loretta Preska, implica que Argentina podría enfrentar embargos sobre sus activos en el exterior.
La fecha límite para presentar las garantías fue fijada para el 10 de enero, y al no cumplir con este requisito, los litigantes ahora están facultados para solicitar embargos sobre los activos del país en el extranjero. La jueza Preska respaldó la posición de los demandantes, Burford Capital, quienes se opusieron al argumento del Estado argentino sobre la «falta de acceso a fondos» para realizar el depósito de garantías.
La magistrada señaló que la falta de acción por parte del Estado argentino para el pago y la ausencia de un plazo para hacerlo quedaron demostradas, dando así la razón a los demandantes. Este revés legal representa un duro golpe para Argentina, que ya había apelado la sentencia emitida en noviembre pasado por Preska, marcando la mayor condena en la historia dictada por el tribunal federal de Manhattan.
En la primera instancia del juicio, Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, quien adquirió derechos de litigio del accionista minoritario de YPF, Petersen, por el 61% de sus tenencias. Además, Burford vendió cerca de la mitad de estos derechos a terceros inversores. Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio. En el caso de Eton Park, otro involucrado en el litigio, Burford también posee los derechos de litigio.
Burford Capital, en una nota enviada a inversores en septiembre pasado, precisó que el «impacto neto combinado de esas transacciones que Burford espera recibir es de 73% de los ingresos».
Como un desarrollo paralelo, el pasado lunes, la jueza Preska otorgó al gobierno argentino un plazo extendido hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra la sentencia que condena al país a pagar los US$ 16.000 millones.
