A partir del 1° de febrero, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentarán un cambio significativo en el costo de sus viajes, ya que entrará en vigor un nuevo esquema de ajuste mensual basado en la evolución de la inflación. Esta medida, implementada por la administración nacional actual, se sumará de manera paulatina a una quita de subsidios que impactará en el valor final de las distintas modalidades de transporte de pasajeros.
La anterior administración nacional había establecido un cuadro tarifario en marzo de 2023, después de dos años y medio de congelamiento, con incrementos mensuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Gran Buenos Aires. Sin embargo, durante la contienda electoral, las tarifas volvieron a quedar congeladas hasta la modificación anunciada por el nuevo gobierno.
Este nuevo mecanismo de ajuste mensual afectará a todos los servicios de colectivos urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional, así como a los servicios metropolitanos y regionales de trenes del AMBA, según informó el Ministerio de Infraestructura. Para los servicios de trenes regionales del interior y de larga distancia, la tarifa también aumentará de acuerdo con la inflación acumulada, aunque en este caso, los incrementos serán trimestrales.
Desde el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Guillermo Ferraro, se indicó que la intención es que provincias y municipios se acoplen a esta fórmula mensual de incremento para alinear las tarifas. La medida tiene como objetivo mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público del transporte automotor y ferroviario de pasajeros en condiciones de calidad y eficiencia.
Se aclaró que, además del aumento mensual por inflación, que se aplicará a partir de febrero, se sumará el eventual incremento por quita de subsidios, lo que hará que el aumento en los próximos meses sea mayor al índice de precios. En el caso de los trenes, el Ministerio de Infraestructura convocará a una Audiencia Pública con el propósito de establecer una tarifa que reduzca gradualmente la incidencia del subsidio, buscando corregir distorsiones generadas por la alta subsidiación del Gobierno nacional.
La decisión se fundamenta en que las tarifas se encuentran fuertemente subsidiadas por el Gobierno nacional, siendo el monto del subsidio mensual transferido a las operadoras ferroviarias equivalente al 98% del costo de operación, producto de una política pública de congelamiento de tarifas que generó distorsiones en el sector del transporte público.
