Este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT), en conjunto con las dos CTA, lleva adelante su segundo paro general desde la asunción de Javier Milei como presidente, en medio de una relación tensa con la gestión libertaria por las políticas de ajuste implementadas para superar el déficit.
Después de cuatro años sin llevar a cabo ninguna medida de fuerza durante la gestión anterior de Alberto Fernández, la central obrera ha decidido realizar un nuevo paro a tan solo cinco meses del inicio del mandato de Milei. Este hecho refleja la histórica dinámica de relación entre el sindicalismo y los gobiernos no peronistas.
La gran mayoría de los sindicatos se han sumado a la medida de fuerza, convocada por las tres centrales, lo que se traducirá en un paro contundente en prácticamente todas las actividades. Se espera que la jornada transcurra sin transporte público ni atención en dependencias gubernamentales, y con una disminución significativa de la actividad comercial.
En las horas previas al paro, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a criticar a la CGT, calificándola como «los fundamentalistas del atraso» y reiterando que se descontará el día a los trabajadores estatales que participen en la huelga.
Los gremialistas justificaron la medida de fuerza al rechazar los recortes presupuestarios para lograr un superávit, así como también su oposición a la Ley de Bases y al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que pretenden seguir modificando en su tratamiento en el Senado.
Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, argumentó que «no podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites», destacando la responsabilidad de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales.
Se espera que, tras el paro, el Gobierno busque restablecer el diálogo con los dirigentes moderados de la CGT, como los «independientes», en un intento por superar las diferencias ideológicas y encontrar puntos de encuentro para avanzar en la agenda laboral y económica del país.
