El juez federal del fuero contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, ha tomado la decisión de habilitar la feria judicial para abordar el amparo presentado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) contra el Decreto de desregulación de la economía propuesto por el presidente Javier Milei.
Asimismo, se ha dado luz verde para tramitar la presentación realizada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, según se constató mediante la búsqueda en el sistema informático del Poder Judicial de la Nación.
La FAM, liderada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, solicitó la suspensión del DNU 70/2023 hasta que se emita una sentencia definitiva. Esta petición fue comunicada por la propia FAM en un comunicado el pasado viernes.
El pedido de la Federación incluye la solicitud de una medida urgente de protección cautelar para detener inmediatamente los efectos del decreto, hasta que el Congreso Nacional se expida sobre la aceptación o rechazo del Decreto 70/23.
«500 intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos«, expresó Espinoza, destacando la preocupación por los efectos del decreto presidencial en múltiples aspectos de la vida cotidiana y económica de los ciudadanos.
El amparo argumenta que el DNU viola el principio constitucional que prohíbe al Presidente dictar disposiciones legislativas y se arrogó facultades extraordinarias que afectan el equilibrio de poderes, amenazando el sistema democrático.
El intendente Espinoza enfatizó que en pocos días de asumir el cargo, las decisiones de Milei han generado un impacto significativo en la sociedad. La pérdida de empleos y el debilitamiento económico son preocupaciones clave expresadas por el dirigente peronista.
«Como representantes locales, tenemos la responsabilidad de defender los intereses de millones de argentinos en cada una de nuestras ciudades», concluyó Espinoza, subrayando el compromiso con la protección de los derechos y la estabilidad de la comunidad frente a las decisiones gubernamentales.
