En medio de una controversia creciente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la postura del Gobierno nacional respecto al despliegue del operativo de seguridad durante la marcha del pasado miércoles. Insistió en que los movimientos sociales y de izquierda involucrados deberán asumir el costo del operativo, estimado en unos 60 millones de pesos.
«Vamos a requerir a las organizaciones sociales que se hagan cargo de este gasto, que no es responsabilidad de la ciudadanía», enfatizó Adorni durante su conferencia de prensa desde la Casa Rosada.
El vocero precisó que se enviará una factura por el mencionado monto a las organizaciones sociales involucradas en la movilización. Además, reveló que el Gobierno presentó una denuncia judicial por presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 de estas organizaciones.
En relación a la denuncia, Adorni detalló que se fundamenta en las 16.150 llamadas recibidas en la línea 134, de las cuales aproximadamente 1.200 podrían estar directamente relacionadas con esos delitos.
La lista de organizaciones señaladas por el vocero incluye al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la William Cooke, el MTR 12 de Abril, el movimiento Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie, Torres, el MET y el Movimiento Patria Justa.
En respuesta, Myriam Bregman, ex candidata presidencial por el Frente de Izquierda, calificó las acciones del Gobierno como «un delirio, sin pie ni cabeza». En una declaración en redes sociales, Bregman cuestionó la medida y planteó una comparación señalando: «Esto es un delirio total, sin pie ni cabeza, pero ¿se imaginan si le cobráramos a Bullrich, Caputo, Sturzenegger, los daños que han producido al país?».
