El proyecto educativo presentado implica cambios estructurales y evaluaciones obligatorias

La Ley Ómnibus propone reformas en la educación desde evaluaciones estudiantiles hasta revalidaciones docentes cada 5 años.

En el marco del proyecto de la Ley Ómnibus presentado por el Gobierno nacional, se revelan importantes modificaciones que involucran al sistema educativo argentino. Esta propuesta introduce transformaciones significativas que abarcan desde evaluaciones estudiantiles hasta revalidaciones periódicas para los docentes, además de cambios en el ámbito universitario y en la gestión de los recursos.

Una de las claves del proyecto radica en la inclusión de un examen censal obligatorio al finalizar la educación secundaria, destinado a medir los aprendizajes y habilidades adquiridas por los estudiantes que culminan esta etapa. A diferencia de pruebas anteriores, se garantiza el derecho de los alumnos a conocer y recibir una certificación de sus resultados.

Asimismo, se plantea la evaluación periódica de los estudiantes en términos de matemáticas y lecto-comprensión, junto con otras evaluaciones que la autoridad de aplicación determine pertinente. Esta iniciativa busca enfocar la evaluación en áreas claves, reflejando una continuidad con los últimos enfoques implementados en las pruebas Aprender.

Uno de los aspectos más controvertidos es la modificación del artículo 97, referido a la difusión de los resultados de las evaluaciones. Si bien se protege la identidad de los alumnos, se elimina la protección a docentes e instituciones educativas, permitiendo así la publicación de resultados por escuela. Esta medida, según se destaca, otorgaría a padres y docentes acceso a información que facilite la toma de decisiones para mejorar la educación.

En lo concerniente a la evaluación docente, el proyecto plantea la incorporación de la «evaluación continua» como factor determinante para el ascenso dentro de la carrera docente. Esta evaluación requerirá que los docentes revaliden sus capacidades y conocimientos cada cinco años, con criterios definidos por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.

En el ámbito universitario, se mantiene el ingreso libre e irrestricto, permitiendo a las instituciones implementar un examen de ingreso directo o un proceso de nivelación y orientación. Además, se establece la posibilidad de arancelamiento para estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente en el país y se plantean cambios en la distribución de recursos del Estado a las universidades, basados en el número de estudiantes y egresados, entre otros criterios.