El gobierno se ha propuesto infectar a uno de los tres poderes de la República para tener la “Suma del Poder Público”, como sucede en sistemas totalitarios populistas, y como ocurrió durante la nefasta Dictadura Militar iniciada en 1976, en que lo primero que buscó el gobernante fue una Justicia propia para que no controle sus actos ni lo juzgue, o si lo juzga resuelva a su favor. También para que los ciudadanos no tengan donde buscar protección ante embestidas del poder ejecutivo. No había jueces que atendieran los “habeas corpus” cuando las madres iban a preguntar por la desaparición de sus hijos. Los jueces, en ese oscuro entonces, fueron puestos, y eran sumisos al genocida poder militar.
La Constitución, que es la ley fundamental en la defensa de los derechos del habitante, impone los límites que la autoridad no puede traspasar, es muro que protege las libertades individuales y establece una base tripartida y equilibrada de los poderes, cada uno independiente del otro, para un funcionamiento armónico de la República.
Los jueces son vitalicios y sólo pueden ser removidos por causas excepcionales previo enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura o los Tribunales de Enjuiciamiento de Magistrados, que también se intentan infectar. La función de los jueces no puede quedar sometida a las distintas corrientes políticas, y es inadmisible que dependan del poder de turno, como se pretende hacer.
Se formó una Comisión de Notables con mayoría afín al gobierno, que aconsejará al Presidente sobre la conveniencia de ampliar la Corte Suprema, comisión conformada entre otros, por el abogado que defiende a la expresidenta Cristina Fernandez de Kircher en las causas en las que se la acusa y está procesada.
Tocar la corte, cambiando sus miembros o ampliando su número para poner jueces adictos tiene una obscena intención de impunidad que no creemos que la sociedad esté dispuesta a tolerar. Este no es un pueblo tonto; solo sus adictos, con religiosa devoción por la expresidenta pueden aprobar un intento semejante. El caso “Vicentín” en el que se buscó atropellar al juez natural de la causa para expropiar una empresa privada provocó una reacción popular que hizo dar marcha atrás al equívoco Dr Fernandez, y decir “yo pensé que me iban a aplaudir”. Nadie, salvo desquiciado, puede aplaudir una violación constitucional propia de una dictadura.
Que el Estado compre por la fuerza y pague con dinero que falta en los hospitales, escuelas, comedores, caminos, para pagar una empresa que se pretendía expropiar sin causa de utilidad pública ni ley del Congreso Nacional era un absurdo injustificado. La constitución garantiza la Propiedad Privada.
Lo mismo está sucediendo ahora con el intento de “expropiar” el Poder Judicial desmembrando su composición para poner amigos que no juzguen sino que perdonen, con violación al Código Penal, con fallos inmorales para beneficiar a quienes incurrieron en actos de corrupción, cualquiera sea su signo político.
¿Si en el futuro hubiera otro lineamiento político en el gobierno, esos nuevos amigos devenidos en jueces serán juzgados por mal desempeño o Prevaricato, que es resolver contrariando la ley?
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y la Cámara Federal Civil y Comercial de la Nación ya han declarado la inconstitucionalidad del decreto que intenta modificar, unificar y ampliar la estructura del Poder Judicial de la Nación, que hasta ahora ha demostrado, salvo vergonzosas excepciones, una actuación cuestionable en cuanto al tiempo de solución de las causas, pero cuya imparcialidad y justicia de sus decisiones no se puede válidamente criticar.
La actual Corte Suprema de Justicia tiene una composición equilibrada compuesta con jueces, en su mayoría puestos por Néstor Kirchner, que son incuestionables y resolverán según las pruebas y la ley aplicable. Así debe ser.
La sociedad también reaccionó como lo hicieron las cámaras de la Justicia Nacional. Se anuncia un “Banderazo” apartidario, como el manifestado cuando el caso Vicentin. ¿Qué hará el Sr. Presidente, amigo de decir y desdecir si la sociedad expresa su malestar? El año próximo habrá elecciones y se debe ser muy cuidadoso. La gente, cuyas sensaciones son gobernadas por la economía, ya se olvidó de las penurias del 2018 y 2019. Lo que vino fue peor, dicen los economistas.
El gobernante debe saber escuchar el sentimiento de su pueblo que está pasando angustia, y no encaminar los actos para favorecer a una sola persona, además ofendida porque en Google aparece como “Ladrona de la Nación”. Aclaramos que Google no escribe, sólo permite la búsqueda de lo que otros escriben respecto la senadora. ¿Debería demandar a todos quienes han puesto aquello que el motor de búsqueda hacer aparecer en las pantallas, escrito por gente del pueblo?
No creemos que con ocultar la difusión del concepto que de ella tiene una gran parte de los habitantes, su honorabilidad se restañe, máxime cuando la difusión del juicio a Google se propagó como el coronavirus, y si con la búsqueda en Google alcanzaba a cierta cantidad de personas, con la difusión en los medios del juicio a Google potenció el causal, digamos, deshonroso. Equívoca estrategia de la doctora y su abogado. Mucha gente se enteró de en Google aparece como “Ladrona de la Nación”, no por Google sino por la publicación del juicio que ella promovió en contra del buscador.
Mientras tanto, el pueblo ha bajado a los más extremos niveles de pobreza en una economía destruida que no crece desde el año 2008, cuando la Senadora era Presidenta; que vive amenazado por la violencia de los delincuentes “liberados” de las cárceles durante esta gestión, delincuentes transferidos a la sociedad que ya no soporta más; y que asiste como partícipe involuntario de los devastadores y fatales efectos de la pandemia de la cual no se vislumbra su salida.
Nadie que esté en su sano juicio puede seguir sosteniendo el desquiciado embate a los jueces y al Poder Judicial como uno de los tres pilares de la República, en esta gravísima circunstancia, con el único fin de favorecer las causas de una sola persona y algunos de sus exfuncionarios.
