La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad ha suspendido sus servicios en demanda de un «urgente reajuste arancelario». La decisión, que afecta a aproximadamente 230 mil personas, comenzó esta semana, generando una situación crítica para quienes dependen de estos traslados.
La Federación emitió un comunicado en el que explica que la suspensión del servicio se debe a la falta de respuesta del Estado ante la necesidad de actualizar los montos que perciben por los traslados, considerando los recientes aumentos en los costos operativos, especialmente en combustibles.
En respuesta a la medida, voceros de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunciaron a Télam que las nuevas autoridades del organismo buscarán entablar un diálogo con los transportistas para resolver la situación y garantizar la continuidad del servicio.
Desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad expresaron su «estado de alerta», argumentando que la crisis en el sector vulnera los derechos fundamentales de este colectivo. Además, advirtieron que la falta de transporte afecta directamente a la accesibilidad a servicios de salud, educación, terapéuticos y rehabilitación.
La suspensión de actividades ha generado una grave afectación a miles de personas que no pueden trasladarse a espacios vitales como terapias, centros de día o de rehabilitación. La situación es especialmente preocupante, ya que, según fuentes de la Federación, la demanda de ajuste arancelario surge como respuesta a los incrementos en el precio del combustible y otros insumos esenciales para el transporte.
Por otro lado, voceros de la Andis informaron que hasta diciembre se habían realizado aumentos en el transporte en base a incrementos mensuales aprobados por el Directorio de discapacidad, el cual integra junto a la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y otras asociaciones.
